Enlace de Inscripción para el Foro Internacional
En el marco de los Derechos Humanos, se ha reconocido como uno de los pilares fundamentales para su protección las Garantías Judiciales, las cuales son mencionadas en los instrumentos internacionales como Convención Americana de Derechos Humanos – CADH – y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – PIDCP- en nuestra constitución nacional en el artículo 29, como derecho fundamental al debido proceso.
Lo anterior debería ser suficiente, y garantizar un acceso real a la administración de justicia, quienes deben enfrentar un proceso, penal, disciplinario, de justicia transicional o de cualquier índole no solo judicial, disciplinario y administrativa, cuenten con las suficientes herramientas para creer en las entidades del estado que administran justicia.
Pero la realidad a la que se enfrenta actualmente, las garantías judiciales, es la permeabilidad por una práctica sistemática que ha logrado engañar la justicia, y ha desfigurado la posibilidad real de acudir a un proceso, dentro un debido proceso y que termina con un resultado nefasto, de la fabricación de culpables.
El culpable fabricado, es aquella persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos, cuando no ha contado con una verdadera garantía judicial al enfrentar un proceso ya sea penal, penal militar, de justicia transicional, o disciplinario, por contar en el desarrollo procesal, con falsos testigos, fraudes procesales, irregularidades o violación al debido proceso, los cuales terminan atentando contra la presunción de inocencia, y en consecuencia sentencias condenatorias o sancionatorias, en muchos casos con pérdida de la libertad o de derechos de manera injusta.
OBJETIVOS DEL FORO:
a.) Sensibilizar a la sociedad en la necesidad de fortalecer una política pública encaminada a la protección de los derechos humanos y fortalecimiento de la justicia, en el marco de unas verdaderas garantías judiciales, para aquellos que enfrentan un proceso ya sea penal, penal militar, de justicia transicional, o disciplinario; con el fin de evitar que los inocentes sigan siendo declarados culpables de manera injusta; acabando con la práctica de Fabricación de Culpables.
b.) Estructurar un cuadernillo que será remitido al relator de Garantías Judiciales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ser tenido en cuenta en sus informes.
c.) La presentación de un proyecto de ley, para que sea estudiado por el Congreso de la República, y así fortalecer la administración de justicia en contra de este flagelo.
d.) Apertura de una campaña para revisar casos y determinar las víctimas de fabricación de culpables el Colombia, encaminado a buscar mecanismos de solución para estos casos.
En la República Argentina, a partir de la decisión del ex presidente Kirchner se reabrieron las causas denominadas de lesa humanidad contra integrantes de las FFAA, FFSS, civiles, jueces, funcionarios judiciales, a quienes se les violan todas las garantías del debido proceso y del principio de legalidad. Son condenados sin pruebas valiéndose, para ello, de testimonios armados por organizaciones que reúnen a querellantes que persiguen un interés económico. Entre las mayores aberraciones jurídicas es asignarle la misma responsabilidad a un cabo como a un general. Se prolongan las prisiones preventivas sin condena llevando algunos de los prisionizados 17 años sin condena firme. No se respeta la Convención de Adultos Mayores encontrando octogenarios en prisión. Los jueces incumplen con el deber de imparcialidad y, en su gran mayoría, adscriben a la ideología de quienes fomentaron el terrorismo en las décadas de los años ´60, ´70 y ´80 que dejaron más de 19.000 víctimas a quienes el Estado no les reconoce ningún derecho. Este es una muy apretada síntesis del estado de injusticia con el que debemos litigar.
Muy importante el Foro para tratar las trampas que se cometen con los Derechos Humanos y que conlleva una sentencia injusta que priva de la libertad a gente inocente que no tiene nada que ver con el caso en el que recae dicha condena. Lástima que no veo juristas y/O abogados argentinos, donde se violan sistemáticamente los Derechos Humanos por parte del Estado bajo la razón de que se trata de una “política de Estado”.