Panamá, 23 de julio de 2025

En un encuentro de alto nivel sostenido en la ciudad de Panamá, la Ministra de la Mujer de la República de Panamá, Niurka Palacio Urriola; quien actualmente ejerce también la Presidencia de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, recibió a la Secretaria Ejecutiva de Fondejusticia y Verdad, Hilda Lorena Leal, en una reunión clave para la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.
Durante este espacio de diálogo institucional, se presentó información relevante sobre tres casos emblemáticos que exponen graves vulneraciones a derechos humanos, especialmente con enfoque en los derechos de las mujeres, la infancia y víctimas de violencia institucional:
- El caso de Itziris Montezuma Jiménez y su hija menor, fue presentado con el acompañamiento de la licenciada y apoderada Massiel Julissa Delgado Gómez, quien ha asumido la representación legal en este proceso de exigibilidad de derechos. En el marco de las obligaciones estatales de protección reforzada a niñas víctimas de violencia y desplazamiento, se entregó documentación sustantiva del caso y se solicitó formalmente acompañamiento institucional a nivel regional e interamericano, con el fin de evitar la vulneración de los derechos de la menor y garantizar su protección integral. Se hizo especial énfasis en el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- El caso del patrullero Olmes Oliverio Blanco Barrera, en el que se denunció el homicidio de este desde el año 2013 con un impacto devastador sobre su familia, en particular sobre su compañera sentimental y sus dos hijos. Fondejusticia y Verdad subrayó la necesidad de esclarecer los hechos y brindar garantías de justicia, verdad y reparación integral, conforme a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que transcurridps 12 años, no se cuenta con una respuesta institucional respecto de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición.

- El caso de Daneidy Barrera Rojas, reconocida como «Epa Colombia», quien ha enfrentado diversas formas de violencia judicial, persecución y estigmatización pública. Lo anterior en el marco del acompañamiento para la coadyuvancia de la defensa ante instancias nacionales e internacionales que hace la Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, resaltando la importancia del debido proceso y la aplicación de una perspectiva de género en casos con alta exposición mediática.
Además de los casos individuales, la Secretaria Ejecutiva de Fondejusticia hizo entrega oficial de dos informes temáticos que recogen preocupaciones estructurales en el ámbito de los derechos humanos:
- Informe sobre violencia de género, el cual sistematiza casos de impunidad, falencias institucionales en la atención a mujeres víctimas, falta de medidas de protección efectivas, y deficiencias en la respuesta judicial. Se enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación regional en la implementación de la Convención de Belém do Pará y los compromisos asumidos por los Estados en la CIM.
- Informe sobre seguridad alimentaria infantil, que evidencia deficiencias estructurales en los programas estatales de alimentación, incluyendo la utilización de alimentos en mal estado, la falta de seguimiento técnico y la ausencia de sanciones ejemplares. Este informe pone en el centro a la niñez como titular de derechos, señalando las omisiones estatales como formas de violencia institucional.
La Secretaria Ejecutiva de Fondejusticia y Verdad expresó su profundo agradecimiento a la señora Ministra de la Mujer de Panamá y a su equipo de trabajo, por la disposición, apertura y sensibilidad demostradas en la recepción de estos informes y casos, así como por su firme compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, niñas y víctimas de violencia institucional en la región.
Este diálogo permitió consolidar puentes de articulación entre Fondejusticia y Verdad y la Presidencia de la CIM, con miras a fortalecer la protección internacional de los derechos humanos de mujeres y niñas, y avanzar en mecanismos de cooperación en contextos de violencia estructural, falta de acceso a la justicia y desprotección de poblaciones vulnerables.







